El Museo de la Memoria Colectiva de los Derechos Humanos en el Perú

El día de hoy, el Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, asistió al inicio de la construcción del Museo de la Memoria Colectiva de los Derechos Humanos en el Perú, ubicado en el emblemático distrito de Miraflores, y el cual ha generado tantas polémicas desde su propuesta en los diversos sectores de la sociedad nacional. Como se recordarà la confrontación surgió a partir del ofrecimiento de la primera ministra alemana Angela Merkel de financiar la construcciòn del Museo de la Memoria con dos millones de dòlares. Casi de inmediato, el entonces Ministro de Defensa, Antero Flores Araoz, declaró con la ligereza del político que busca agitar a las masas que en un país pobre como el Perú, un museo no podía ser una prioridad. Entonces, el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, le replicó en un demoledor y brillante artículo titulado El Perú no Necesita Museos, publicado en el diario El Paìs de España, el 8 de marzo de 2009, preguntándose en voz alta : ¿qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías? y donde el mismo se responde : "Dos cosas, profundamente arraigadas en la clase política peruana y latinoamericana: la intolerancia y la incultura". Además añadió : "Los peruanos necesitamos un Museo de la Memoria para combatir esas actitudes intolerantes, ciegas y obtusas que desatan la violencia política.. Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales... Ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes".



Pero resulta que ya existe un Museo de la Memoria en Ayacucho, el departamento del Perú, donde Sendero Luminoso inició sus acciones armadas, y no sólo eso, sino un importante número de lugares, monumentos y actividades permanentes conmemorativas de la catástrofe social que vivió nuestro país hasta la década de los noventa. Además, está la imponente construcciòn artìstica El Ojo que Llora en el Campo de Marte de Lima, el Centro de Documentación de la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo, a dos cuadras de la Plaza de Armas, la sala permanente e itinerante de Yuyanapaq ( Para recordar ) de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, nada menos que en el Museo de la Nación, asimismo, diversas universidades nacionales y privadas conjuntamente con una amplia red de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, continuamente convocan a maestrías, diplomados, seminarios, talleres y cursillos especializados en los mencionados temas, y cuyos profesionales y egresados no sólo han logrado acceder mayoritariamente al sistema de justicia nacional, principalmente el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sino incluso al mismísimo Ministerio de Defensa y se han dado el lujo de catequizar en temas de intervención en zonas de emergencia y derechos humanos a la cùpula castrense en el Centro de Altos Estudios Nacionales ( CAEN ). Esto último, sumamente desconcertante pues en los momentos de mayor enfrentamiento público, las fuerzas armadas los invitaban a sus reuniones académicas a que les dictaran conferencias y seminarios, gesto que nunca extendieron a profesionales calificados que los asesoraban gratuitamente y que hasta les ofrecieron representarlos ad-honorem en sus casos.

En realidad, con el Museo de la Memoria se está inmortalizando imágenes de rostros y casos que apenas empiezan a investigarse y conocerse. La verdad y la justicia poco parece importar ahora, las revanchas personales y los millones de dólares es en el fondo esa sabiduría que diferencia lo feo de lo bello, lo inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de lo intolerable. Lo descubrí personalmente cuando fui destacado el año 2004 al departamento de Ayacucho para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las violaciones, las desapariciones y las fosas denominadas clandestinas, y muy desconcertado pude observar que no se contaba con infraestructura y recursos para realizar estas labores. Más sorprendido, aún, cuando verifico que nadie había dicho nada al respecto y cuando mi proyecto de construir un Laboratorio de Antropología Forense y equiparlo adecuadamente, recibió la resistencia insólita del director de la sede de Medicina Legal en Ayacucho de esa época, el médico Luis Castillejo Melgarejo y de mis colegas forenses. Al final, y a pesar de todo, mi propuesta del Laboratorio de Antropología Forense en Ayacucho, consiguió el financiamiento del gobierno sueco, que el Fiscal Decano de ese entonces me aseguró ascendía a tres millones de dólares y aunque demoró su construcción, hoy ya es una realidad, aunque sea en el alejado poblado de Ñahuinpuquio.

El Perú no Necesita Museos, Mario Vargas Llosa


http://www.elpais.com/articulo/opinion/Peru/necesita/museos/elpepiopi/20090308elpepiopi_13/Tes

El Decreto Legislativo 1097

En el Perú, un país de personalidades amantes de lo autoritario y fàcil, hace poco se propuso una nueva modalidad para resolver la situación de estancamiento de los procesos judiciales a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, acusados por delitos de lesa humanidad: el Decreto Legislativo Nro. 1097.

Como sabemos, un Decreto Legislativo es la facultad que delega el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para dictar determinadas leyes. Asimismo, según la Constitución Política del Perù, el Poder Ejecutivo està conformado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. En tal sentido, la iniciativa del Decreto Legislativo Nro. 1097, provino del Ministerio de Defensa, hasta entonces a cargo del Ingeniero Rafael Rey Rey.

De inmediato el Decreto Legislativo Nro. 1097, fue aprobado por el Dr. Alan Garcìa Pèrez, Presidente de la República, y publicado en el Diario El Peruano el 1ero de setiembre del presente, desatando una serie de reacciones desde la renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Museo de la Memoria Colectiva de los Derechos Humanos en el Perù, el escritor Mario Vargas Llosa, hoy Premio Nobel de Literatura, hasta la encarnizada polèmica entre el ministro de justicia y el de defensa, sobre los tèrminos de la justificaciòn de la ley, que concluyò con advertencias pùblicas del Dr. Vìctor Garcìa Toma, Ministro de Justicia, asegurando renunciar en caso que la ley incluyera la justificaciòn del Ministerio de Defensa, en vez de la suya.

Al final, y a pesar que la ley aparentemente comprendiò los tèrminos del Ministerio de Justicia, tuvo que ser derogada a los pocos dìas, por el propio Presidente de la Repùblica.

Al respecto, el Decreto Legislativo 1097, segùn se publicò tenìa como objetivo: "establecer un marco regulatorio uniforme respecto de los delitos que implican violaciòn de derechos humanos" ( art. 1 ), para lo cual proponìa adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal. En tal sentido, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los abogados de los familiares de los desaparecidos y víctimas de la violencia política durante las décadas pasadas en el Perù, aseguran que la demora en los procesos judiciales a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, se debe a que el Ministerio de Defensa no les remite la información y documentación requerida sobre el personal destacado a las zonas de emergencia durante la lucha contra la subversión. Sin embargo, esta afirmación es una verdad a medias.

En efecto, otro de los motivos por los cuales los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad en el Perù han excedido los plazos legales fue porque los peritos no se ratifican en sus dictàmenes. Es màs, muchos peritos ni siquiera asistieron a los tribunales a ratificar sus dictámenes. Asimismo, en su oportunidad, se denunció que durante la gestiòn del Dr. Alejandro Toledo no sólo se llegó al extremo de allanarse a la Corte de San Josè y de enviar como expediente el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, otorgándole un carácter vinculante que nunca se estipuló sino, por último, el encargado de la defensa fue un abogado especializado en Derecho Comercial.

Por este motivo, persuadido el presente gobierno de las graves y sospechosas irregularidades de la Defensa del Estado en las acusaciones por delitos de lesa humanidad y cuando en el Ministerio de Defensa se encontraba el Dr. Alan Wagner Tizòn y como Procurador Antiterrorismo el Dr. Guillermo Cabala Grossman ambos anunciaron por medios televisivos la conformación de un verdadera defensa del Estado a cargo de un equipo especializado integrado por abogados expertos en derecho penal de primer nivel y de profesionales forenses que fueran a la Corte de San José para demostrar las deficiencias científicas y técnicas de las acusaciones. Sin embargo, repentinamente y para sorpresa de todos renunció el Procurador Antiterrorismo Guillermo Cabala, denunciando falta de apoyo y nunca màs se volviò a hablar del asunto.