Mario Vargas Llosa y la Antropologìa Forense

Cuando se anunció el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura 2010 al escritor peruano Mario Vargas Llosa, se resaltó, entre otras cualidades, su "cartografía de las estructuras del poder, sus afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo". Al respecto, cabe recordar que en un ámbito tan sensible como son los derechos humanos, Vargas Llosa también ha sabido abordar temas tan especializados como la antropología forense, con el aval y la experiencia de haber presidido una Comisión Investigadora , durante el segundo gobierno del ex presidente peruano Fernando Belaunde Terry, a propósito del asesinato de los periodistas en Uchuraccay, Ayacucho y ser designado, por el actual gobierno, Presidente del Museo de la Memoria Colectiva de los Derechos Humanos.


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Con ocasión de la investigación Operación Che: Historia de una Mentira de Estado de los periodistas Maite Rico y Bertrand de la Grange, publicó en el diario El País de España, el 10 de marzo de 2007, la reseña crítica titulada Los Huesos del Che, que en realidad es una introducción al trabajo de estos polémicos periodistas. Vargas Llosa repara en los argumentos de Rico y de la Grange tres observaciones que todo antropólogo forense debe tener siempre presente:

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1.- La importancia de las declaraciones y del testimonio de los pobladores en las investigaciones. Es inadmisible que, en América Latina, los casos concluyan con versiones de los testigos absolutamente opuestas a las conclusiones de las Comisiones investigadoras. Vargas Llosa lo sabe porque en la Comisión que él presidió en el caso Uchuraccay, la comunidad mantuvo una posición coherente y unanime sobre los sucesos. Sin embargo, por alguna extraña razón, y curiosamente, en la actualidad, a pesar del surgimiento de dizque expertos y del alto desarrollo científico y tecnológico de las ciencias forenses, la mayoría de las investigaciones terminan en medio de escándalos y severamente cuestionadas por objeciones sencillas pero precisas de la población. Al parecer a estos forenses el protagonismo y la soberbia los han llevado a ignorar el elemento más relevante de una investigación : la versión del testigo.

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2.- La transparencia que debe existir en toda investigación que esté orientada a la elaboración de conclusiones contundentes no puede escatimar utilizar todos los medios que estén a su alcance para evitar suspicacias. En la investigación sobre los restos del Che, se presenta una situación muy familiar a los casos que actualmente se registran en América Latina, se trata de la búsqueda de 23 entierros conteniendo los restos óseos de 36 guerrilleros que perecieron en 1967 en diversas circunstancias y combates en Bolivia. En el transcurso se tiene que evaluar 50 versiones de sitios donde habían sido enterrados los guerrilleros, se encuentran los restos óseos de 31, la mayoría muy fragmentados, en donde, al final, son encontrados los restos del Che y seis de sus acompañantes, siendo los restos del jefe guerrillero los últimos en ser desenterrados. Ante esta situación, el médico forense Jorge Gónzalez, entonces director del Instituto de Medicina Legal de La Habana y quien dirigió la investigación, se había comprometido a someter los restos a la prueba del ADN, sin embargo, sorpresivamente, lo reconsideró y desistió. Esta decisión fue respaldada por otro de los participantes, Alejandro Inchaurregui, nada menos que un discípulo del forense estadounidense Clyde Snow y que 1984 fundó el Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF ).

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3.- La objetividad científica y la neutralidad ética que debe caracterizar al profesional forense no puede olvidar que, independientemente a sus simpatías o animadversiones, su misión es la identificación del cadáver o los restos óseos. En este sentido, Vargas Llosa ilustra esta disyuntiva con el significado de la persona del Che : "No importa que los historiadores serios muestren, en trabajos exhaustivos, que el Che Guevara real, de carne y hueso, estaba muy lejos de ser ese dechado de virtudes milicianas y éticas. Que fue valiente, si, pero también sanguinario, capaz de fusilar a decenas de personas sin el menor escrúpulo, y que, desde el punto de vista militar, sus fracasos y errores fueron bastante más numerosos que sus éxitos".

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Lamentablemente, estas tres deficiencias que Vargas Llosa observa, con gran inteligencia y lucidez, en las investigaciones a propósito del asesinato del Che Guevara, se siguen presentado como una alarmante constante en la mayoría de los casos en América Latina.

El Decreto Legislativo 1097

En el Perú, un país de personalidades amantes de lo autoritario y fàcil, hace poco se propuso una nueva modalidad para resolver la situación de estancamiento de los procesos judiciales a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, acusados por delitos de lesa humanidad: el Decreto Legislativo Nro. 1097.

Como sabemos, un Decreto Legislativo es la facultad que delega el Congreso de la República al Poder Ejecutivo para dictar determinadas leyes. Asimismo, según la Constitución Política del Perù, el Poder Ejecutivo està conformado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. En tal sentido, la iniciativa del Decreto Legislativo Nro. 1097, provino del Ministerio de Defensa, hasta entonces a cargo del Ingeniero Rafael Rey Rey.

De inmediato el Decreto Legislativo Nro. 1097, fue aprobado por el Dr. Alan Garcìa Pèrez, Presidente de la República, y publicado en el Diario El Peruano el 1ero de setiembre del presente, desatando una serie de reacciones desde la renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Museo de la Memoria Colectiva de los Derechos Humanos en el Perù, el escritor Mario Vargas Llosa, hoy Premio Nobel de Literatura, hasta la encarnizada polèmica entre el ministro de justicia y el de defensa, sobre los tèrminos de la justificaciòn de la ley, que concluyò con advertencias pùblicas del Dr. Vìctor Garcìa Toma, Ministro de Justicia, asegurando renunciar en caso que la ley incluyera la justificaciòn del Ministerio de Defensa, en vez de la suya.

Al final, y a pesar que la ley aparentemente comprendiò los tèrminos del Ministerio de Justicia, tuvo que ser derogada a los pocos dìas, por el propio Presidente de la Repùblica.

Al respecto, el Decreto Legislativo 1097, segùn se publicò tenìa como objetivo: "establecer un marco regulatorio uniforme respecto de los delitos que implican violaciòn de derechos humanos" ( art. 1 ), para lo cual proponìa adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal. En tal sentido, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los abogados de los familiares de los desaparecidos y víctimas de la violencia política durante las décadas pasadas en el Perù, aseguran que la demora en los procesos judiciales a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, se debe a que el Ministerio de Defensa no les remite la información y documentación requerida sobre el personal destacado a las zonas de emergencia durante la lucha contra la subversión. Sin embargo, esta afirmación es una verdad a medias.

En efecto, otro de los motivos por los cuales los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad en el Perù han excedido los plazos legales fue porque los peritos no se ratifican en sus dictàmenes. Es màs, muchos peritos ni siquiera asistieron a los tribunales a ratificar sus dictámenes. Asimismo, en su oportunidad, se denunció que durante la gestiòn del Dr. Alejandro Toledo no sólo se llegó al extremo de allanarse a la Corte de San Josè y de enviar como expediente el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, otorgándole un carácter vinculante que nunca se estipuló sino, por último, el encargado de la defensa fue un abogado especializado en Derecho Comercial.

Por este motivo, persuadido el presente gobierno de las graves y sospechosas irregularidades de la Defensa del Estado en las acusaciones por delitos de lesa humanidad y cuando en el Ministerio de Defensa se encontraba el Dr. Alan Wagner Tizòn y como Procurador Antiterrorismo el Dr. Guillermo Cabala Grossman ambos anunciaron por medios televisivos la conformación de un verdadera defensa del Estado a cargo de un equipo especializado integrado por abogados expertos en derecho penal de primer nivel y de profesionales forenses que fueran a la Corte de San José para demostrar las deficiencias científicas y técnicas de las acusaciones. Sin embargo, repentinamente y para sorpresa de todos renunció el Procurador Antiterrorismo Guillermo Cabala, denunciando falta de apoyo y nunca màs se volviò a hablar del asunto.