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El pasado 27 de febrero del 2023, mediante el Oficio Circular N°000005-2023-MP-FN-GG-OPERIT, la Oficina de Peritajes del Ministerio Público a cargo del ingeniero Augusto Antonio Bambarén Arteaga comunicó la suspensión de la atención de sus servicios periciales, por disposición superior, para optimizar la capacidad de respuesta con los más altos estándares de calidad y expertise profesional, y dentro de los plazos establecidos por el NCPP. Al día siguiente, mediante un tweet, la Gerencia General del Ministerio Público confirmó la medida, explicando la necesidad de mejorar la cobertura para la atención del servicio pericial a nivel nacional, sin embargo, se precisó que el servicio de peritajes continúa atendiendo de forma ininterrumpida en coordinación con las Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores y las Coordinaciones de las Fiscalías Especializadas. Al respecto, queda sin asidero la irresponsable aseveración de algunos periodistas que denunciaban la desarticulación de la Oficina de Peritajes.
1. El problema de origen de la Oficina de Peritajes:
La Oficina de Peritajes se crea durante la gestión de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación N°1974-2019-MP-FN, con fecha 26 de julio del 2019, la cual modificó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF 2018 del Ministerio Público y el organigrama de la Gerencia General y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses engendrando un frankestein institucional, a partir del marco normativo y el personal profesional del Observatorio de Criminalidad y el de la Gerencia de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que se encargara de aplicar la alta tecnología en la investigación de la criminalidad.
En tal sentido, la Oficina de Peritajes siempre arrastró las mismas taras que su predecesora: la Gerencia de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2006), principalmente en lo concerniente a la legalidad al carecer de un adecuado marco legal y normativo institucional, incurriendo en reiterados conflictos de roles, y que nunca definiera las funciones y competencias de los peritos oficiales.
2. Los criterios básicos de los estándares de calidad:
Durante las audiencias judiciales, siempre le cuestioné a los fiscales, procuradores y colegas peritos oficiales del Ministerio Público que no respaldasen el uso de la alta tecnología adquirida con los respectivos manuales, guías de procedimiento y protocolos que permitiera no sólo verificar el rigor de los procedimientos empleados sino, por lo menos, supervisar la calidad en su aplicación.
De hecho, en las pocas oportunidades que se podía encontrar algún manual, guía o protocolo, era bastante habitual observar que el perito oficial hacia caso omiso a las pautas establecidas, sin preocuparse en sustentar siquiera, su decisión, ante la inaudita indiferencia de los magistrados en la sala.
3. El expertise del profesional forense:
En el Perú, como consecuencia de la burocratización de la educación superior, debido a las últimas reformas de la educación superior, la calidad del perito oficial ha devenido en menos. En la actualidad, lamentablemente, el sistema promueve la adquisición compulsiva de certificaciones y diplomas, antes que la experiencia profesional y, sobre todo, la demostración que estamos con un especialista en el tema a través de investigaciones y publicaciones de relevancia internacional o, por lo menos, a nivel nacional. Por lo cual, no sorprende que al poco tiempo se haya consolidado todo un mercado negro de títulos falsos y de compra de tesis para optar por los grados académicos.
Asimismo, resulta risible que, durante las audiencias judiciales y a pedido de los jueces, los peritos oficiales siempre alardean de contar con un acumulado de seis mil y hasta quinientas mil pericias y, sin embargo, su desenvolvimiento en el sistema de justicia es de una rapidez realmente paquidérmica.
4. Los plazos del NCPP:
En el Ministerio Público, la Oficina de Peritajes es la que menos puede argumentar no haber contado con las condiciones de infraestructura y equipamiento para no cumplir con los plazos de la investigación fiscal como correspondía. Por lo que observo, y luego de revisar diversos informes periciales, es evidente la ausencia de manuales, guías de procedimientos y protocolos que enmarquen y faciliten el seguimiento de las investigaciones que deberían tener una categoría científica y realizarse dentro de los plazos establecidos por el fiscal de turno en el contexto del Nuevo Código Procesal Penal..
5. Conclusiones:
Hay que saludar y felicitar la disposición de la alta dirección del Ministerio Público de suspender la atención de los servicios de la Oficina de Peritajes, toda vez que teniendo la correspondiente infraestructura y equipamiento de alta tecnología se había convertido en una entidad que albergó a peritos oficiales corruptos, que percibían coimas para borrar las evidencias, acosadores sexuales del personal femenino, comprometidos en la presentación de certificaciones y diplomas falsos y a quienes, a pesar de lo cual, se les designó para participar en la investigación de casos emblemáticos sobre corrupción de ex Presidentes de la República y altos funcionarios, además de muchos profesionales inexpertos elegidos exprofesamente por un jurado con representantes de la fiscalía y de la gerencia de la Oficina de Peritajes, quienes también deben ser investigados y sancionados, por lo menos, por su incapacidad para prevenir el acceso a delincuentes dentro de la institución.
Por consiguiente, los pocos manuales, guías de procedimientos y protocolos que tiene la Oficina de Peritajes, como los aprobados mediante la Resolución de la Gerencia General N°000365-2020-MP-FN-GG, deben ser revisados de manera urgente, toda vez que en su elaboración participaron algunos peritos oficiales detenidos en flagrancia y otros expulsados de la institución.
En la reorganización de la Oficina de Peritajes, el Ministerio Público no debería cometer las mismas equivocaciones de procesos semejantes en diversas instituciones, las cuales designaron para tal finalidad a profesionales con altos grados académicos, pero que tenían severos cuestionamientos morales, quienes no pudieron demostrar ser especialistas en los temas para lo cual se les convocaba o quienes sólo fueron elegidos por cargos de confianza. El propio Ministerio Público ya ha acumulado varias experiencias fallidas al respecto, durante gestiones pasadas cuando una conocida arqueóloga de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue incorporada como asesora de hasta dos fiscales de la nación para las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, exhumación de fosas clandestinas y desapariciones forzadas, y por intermediación de la cual se permitió el ingresó a la institución de personal de confianza en puestos claves, como su ahijado, por lo cual, luego de cerca de veinte años, estas investigaciones han terminado siendo un absoluto fracaso.
Esperamos que la reorganización de la Oficina de Peritajes se realice bajo la responsabilidad de un equipo multidisciplinario de profesionales de intachable condición moral y con verdadero conocimiento y experiencia de la investigación pericial.
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https://www.youtube.com/watch?v=IBdr3t23snM
https://www.youtube.com/watch?v=FxwDyePMjSU
https://es.scribd.com/document/629408305/OFICIO-CIRCULAR-Desarticulan-oficina-de-peritajes-del-Ministerio-Publico#page=1&fullscreen=1
https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1630643415024058393?s=20
https://ojo-publico.com/4330/la-desarticulacion-la-oficina-peritajes-y-los-cuellos-blancos
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