El Laboratorio de Antropología Forense Dr. José Macera Tito

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En el Perú, desde hace cinco años se cuenta con el Laboratorio de Antropología  Forense Dr. José Macera Tito, inicialmente concebido para ser el más sofisticado de América Latina.  Desde entonces, a pesar de los alardes públicos del actual Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público Gino Dávila, todo parece indicar que los procesos de identificación no sólo no han mejorado, sino demuestran deficiencias y hasta negligencia, según lo acaba de denunciar Yuber Alarcón Quispe, el Asesor Legal de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú ( ANFASEP ) en Ayacucho. En efecto, según refirió el día de ayer en La Voz de Huamanga Radio-Diario, sólo el 5% de cuerpos estudiados por ADN han sido identificados, mientras que de manera paralela otras entidades como el Equipo Peruano de Antropología Forense ( EPAF ) desde hace tiempo ya han emitido sus dictámenes en casos tan emblemáticos como la exhumación en el cuartel de Los Cabitos ( 2005 ).

Para Alarcón, las causas principales de esta demora son, la falta de presupuesto y de una decisión política firme, de parte de las autoridades y específicamente del área de Biología Molecular del Ministerio Público, que según el asesor no parece estar preocupada en solicitar recursos para adquirir insumos que permitan llevar a cabo esta tarea.

Desde comienzos del 2004 cuando llegué al departamento de Ayacucho, como Antropólogo Analista, ya había observado muy sorprendido las graves deficiencias en cuanto a la infraestructura para la labor antropológica forense, pero es cierto, también con bastante indignación debido a que ni los antropólogos forenses oficiales, ni aquellos que habìan sido contratados por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para representar los intereses de los supuestos familiares de las víctimas, se habían pronunciado al respecto. En el caso de los otros colegas profesionales forenses, a los arqueólogos sólo les interesaba exhumar los restos, a los odontólogos la identificación mediante el odontograma, las pocas veces que era posible emplearlas en estas poblaciones andinas, debido a su lejanía con los servicios básicos de salud pública, y en el caso de los médicos forenses, sólo se limitaban a determinar la causa de la muerte y el reconocimiento de enfermedades o lesiones óseas.

Por lo cual, en aquella oportunidad, y conforme correspondía, le cursé al médico legista Luis Gabriel Castillejos Melgarejo, quien en esa época era el director de la División Médica Legal del Instituto de Medicina Legal en ese departamento, un informe de la situación y lo que se iba a necesitar para efectuar las correspondientes investigaciones antropológicas forenses en Ayacucho, lugar donde se concentra la mayor cantidad de fosas clandestinas denunciadas y registradas. En tal sentido, propuse la adquisición de instrumental antropométrico básico y la urgencia de la construcción e implementación de un laboratorio de antropología forense, que habría permitido elaborar los parámetros y rangos antropológicos del poblador ayacuchano para su adecuada identificación; requerimiento que hasta publiqué en la Revista Institucional del Ministerio Público de Ayacucho. La respuesta fue más que sorprendente, el referido director Castillejos, sólo se daría por aludido cuando a la tercera vez no tuve más alternativa, de acuerdo a las disposiciones, que remitir el documento a la Jefatura Nacional de Medicina Legal. Sin embargo, lo insólito fue recibir de parte de la Jefatura de Medicina Legal a cargo de Luis Bromley, una opinión, que hizo suya, suscrita por el Lic. Roberto Parra Chinchilla y “la bachiller” en arqueología Martha Palma, donde contra lo estipulado por el Manual de Organización y Funciones vigente hasta ese momento ( 2003 ) y prestigiosos investigadores internacionales, afirmaron que la antropometría no era un método de identificación humana y pedían que se reformulara a una investigación estrictamente morfológica, que era el procedimiento que hasta el momento ellos habían estado utilizando en su práctica profesional y demostrado hasta cierto grado conocer. Por lo cual, la inaudita actitud de la Jefatura de Medicina Legal y del antropólogo Parra y la bachiller Palma,  no solamente impidieron la oportuna  adquisición de instrumental antropológico para las investigaciones, sino lo más importante, hasta la actualidad no se cuenta con los parámetros y rangos del poblador ayacuchano que permita una identificación con categoría científica.

Finalmente, en una reunión al cual fui convocado de urgencia por el Dr. Alfonso Cornejo Alpaca, máxima autoridad del Ministerio Público de Ayacucho,  junto al entonces Jefe de la División Médica Legal de Ayacucho, Castillejos Melgarejo, se nos comunicó que mi requerimiento había sido de conocimiento por la Fiscal de la Nación que se encontraba en Europa, donde pudo gestionar el financiamiento del Laboratorio según recuerdo por tres millones de dólares. Asimismo, el Ministerio Público de Ayacucho me extendió una resolución de felicitación a mis méritos académicos y reconocimiento a mi identidad institucional por mi artículo en su revista, donde propuse el proyecto del laboratorio.

El Laboratorio de Antropología Forense Dr. José Macera Tito fue inaugurado un  4 de diciembre de 2007, esta vez, como era justo, bajo la dirección de un auténtico Jefe de la División Médica Legal de Ayacucho, el Dr. Fernando Champi Miranda, aunque en el lejano y recóndito Ñahuinpuquio del departamento de Ayacucho, por lo menos, en el lugar donde se originó y desarrolló la violencia política en las décadas comprendidas entre los ochenta y noventa.



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