El Sesgo Ideológico de las Investigaciones Forenses en el Perú desde el EPAF de Baraybar

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En el Perú, no solo resulta evidente la falta de un equipo jurídico de alto nivel que defienda al Estado peruano contra las acusaciones por delitos de lesa humanidad, tal como ha quedado demostrado una vez más en el fallo de la Corte IDH por el caso Santa Bárbara, sino también de uno forense. En ese sentido, la sanción ha sido contundente al acusar que las investigaciones "no fueron diligentes, se perdieron evidencias y se ocultó la información". Por lo cual este personal denunciado debería ser destituido por el Ministerio Público.

Sin embargo, en buena cuenta, no solo llama la atención, sino indigna la actitud calculadora  de los peritos de parte como el EPAF entre otros, toda vez que cualquier asistente a una jornada de análisis de restos óseos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Publico ha podido observar que muchas veces no solo han redactado los dictámenes forenses con los peritos oficiales desde la época de la CVR, sino que utilizan los mismos "estándares internacionalizados" y las discrepancias son solo de forma a tal punto que juntos han llegado a realizar publicaciones como es el caso del libro La Investigación Preliminar Antropológica Forense en Casos de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Lineamientos básicos (2005), el cual reúne a los arqueólogos del Centro Andino de Investigaciones Antropológica Forenses ( ex EPAF ) Maria Inés Barreto Romero, Carlos Bacigalupo Salinas y los peritos oficiales del Ministerio Publico Roberto Parra Chinchilla y Martha Palma Málaga.

En efecto en abril del 2002 cuando el EPAF presenta su Informe de la Intervención Forense en Sillaccasa, Chuschi, luego de haber sido quejados a través del informe nro.003-2002-MP-FSDDJ-Ayacucho por el Fiscal Superior Decano Dr. Juan Guzmán Aparco, por ser soberbios, prepotentes, llegar impuntualmente a las diligencias y ostentar solo el grado de bachiller en arqueología, es donde paradojicamente resaltan el hecho de ser el primer caso de una investigación antropológica forense realizada en el Perú de acuerdo a los estándares internacionales propuestos en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de la Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias ( ONU, 1990 ) y, en su versión, Las Ciencias Forenses y los Derechos Humanos: Una Propuesta de Investigación Eficaz en el Perú ( EPAF_Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2001 ).

En esa oportunidad y en vísperas de la siguiente exhumación de fosas, realizada por la CVR en la localidad de Totos, recién ante la exhortación desesperada de la entonces Fiscal de la Nación Nelly Calderón que les cuestionaba la demora en la entrega del informe pericial, por fin lo presentan pero renuncian molestos, denunciando presiones políticas, un veto de la Fiscal a Baraybar ( ellos ya habían sido peritos en el caso Chavín de Huántar) y hasta amenazas personales.

Pero ¿cuáles son estos "estándares internacionales" de los que siempre alardean? La sorpresa fue muy grande, decepcionante y hasta surrealista, cuando en dicho informe pericial aplicaban en la identificación de los restos humanos encontrados en esta zona andina:

- La clasificación racial de Morton que, como sabemos, ni siquiera corresponde al siglo XX, sino al siglo XIX.

- Los estándares de Buikstra y Ubelaker (1994 ) para la determinación del sexo, que fueron diseñados a partir de jóvenes norteamericanos de raza blanca.

- Para la determinación de la edad se empleó el examen de los cambios en la sínfisis púbica ( Suchey y Brooks, 1990, MacKern y Steward, 1957, Gilbert y MacKern, 1973 ); el examen de los cambios de la cuarta costilla ( Iscan y Loth, 1986 ), la transparencia de la dentina ( Lamendin, 1990 ), sin tener presente que no son aplicables en las mujeres, en todas las poblaciones y que fueron implementadas teniendo como muestra solo unos cientos de personas.

- y para la determinación de la estatura se usaron los parámetros para restos óseos prehispánicos de Santiago Genovés ( 1967 ), lo cual ya era francamente risible.

Es evidente, que esta manera de realizar las investigaciones forenses representa un forzamiento de los sistemas de identificación, usando una verdadera ensalada de características morfológicas y antropométricas de distintas edades, sexo y razas, las cuales hasta la fecha se siguen aplicando. Asimismo, el EPAF de Baraybar pidió ante el Congreso de la República que se establezca un marco legal donde se declare a las personas que fueron tiradas en los desfiladeros y barrancos no sólo como desaparecidas, sino como difuntas sin restos humanos, y donde ya no importe identificación presunta o positiva, prescindiendo del análisis de restos o ropas.


Esta lamentable situación  es de conocimiento de los fiscales y nunca se han pronunciado. Por lo demás, no me extraña que este mismo procedimiento en el cual exprofesamente se prescinde del contexto se haya presentado también en el informe pericial del caso Chavín de Huántar cuando Baraybar califica como ejecución extrajudicial un evento a partir de un solo disparo en medio de un enfrentamiento y tal como han precisado contundentemente los destacados y prestigiosos doctores internacionales Juan Cartagena y Derrick Pounder. 

En realidad, son demasiado ingenuos quienes creen que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reconoce como los principales responsables de las víctimas durante la lucha contra el terrorismo a Sendero Luminoso, nada más lejos de la verdad, toda vez que esta cifra da cuenta de las muertes registradas hasta ese momento  y, todavía,  no ha contabilizado a aquellas que serán encontradas en las fosas - e investigadas seguramente con esos mismos “estándares internacionales”- y, que desde ya, el EPAF de Baraybar, considera de facto "se refiere principalmente a una práctica sistemática por parte de las fuerzas estatales con el fin de ocultar la evidencia de los crímenes cometidos", según su informe de Investigación Forense de la Comisión de la Verdad dirigido al Comité Coordinador del Área de Esclarecimiento de Hechos, con fecha 14 de febrero del 2002,