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Definitivamente, uno de los acontecimientos de mayor importancia en las ciencias forenses internacionales el 2013 ha sido la creación de la Comisión de Ciencia Forense por el Departamento de Justicia de EEUU para investigar las técnicas que se han estado utilizando en todos los casos penales, cuestionando tanto los criterios defectuosos como los obsoletos y replanteándolos por unos más recientes. Para que ustedes tengan una idea de la real magnitud de este hecho, Texas, lugar de uno de los códigos penales más duros en los EEUU y el líder de la nación en las ejecuciones, está a la vanguardia de esta tendencia que ya se ha expandido en todo el país.
Las autoridades y diversos especialistas sobredimensionan las garantías que supuestamente ofrece la infraestructura de un laboratorio forense y el rol de las instituciones supervisoras, y desconocen que el año pasado en Massachusets la demostración de las pruebas falsas del ex químico forense Annie Dookhan originó la liberación de más de 300 personas de las prisiones del Estado. De hecho, en una nación como los Estados Unidos, aunque es la American Society of Crime Laboratory Directors / Laboratory Accreditation Board ( ASCLD / LAB ) la institución que acredita a la mayoría de sus laboratorios forenses, actualmente no cuenta con normas o reglamentaciones uniformizadas sobre los laboratorios forenses.
Por eso, la pregunta que los diversos sistemas de justicia de los países se han comenzado a plantear es: ¿estamos creando solo luchadores contra el crimen, o estamos formando realmente científicos? ¿les exigimos decir la verdad o sólo ayudar a la fiscalía y a la policia?. Esperamos que pronto llegue esta clase de Comisiones también al precario y cuestionado sistema de justicia de América Latina.
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